Las siete medidas que exigen las pymes para paliar los efectos del coronavirus
Enorme preocupación entre los pequeños y medianos empresarios de Baleares por los efectos del coronavirus en la salud y economía. Las pymes exigen al Gobierno una serie de acciones que el decreto de estado de alara no ha recogido y que consideran esencial para paliar los daños.
En primer lugar, exigen la suspensión de todos los vencimientos tributarios del segundo trimestre de 2020 para pequeñas empresas (hasta 6.010.121,04 euros de facturación anual, afectando tanto a los impuestos y tributos estatales, como a los autonómicos y locales, así como a los pagos a cuenta y los aplazados de periodos anteriores, además de la suspensión de los vencimientos de la cotización a la Seguridad Social de empresarios autónomos y administradores para los meses de abril, mayo y junio de 2020, que serían automáticamente fraccionados en las liquidaciones siguientes de 2020 y de todo 2021.
Asimismo, piden que se permita la amortización fiscal libre de aparatos informáticos y de telecomunicaciones, adquiridos por pymes y autónomos entre marzo y junio de 2020 para el teletrabajo.
Por otro lado, creen necesario conceder una prestación extraordinaria de 500 euros al mes durante de momento tres meses (abril, mayo y junio 2020) a los profesionales autónomos sin cobertura pública ni privada por cese de actividad aplicable, cuya actividad no se pueda desarrollar a través del teletrabajo en la situación de aislamiento, como es el caso de los negocios de restauración, transporte, instalacióno construcción, etc.
Otra de las reclamaciones es la simplificación, agilización y resolución en un plazo máximo de 5 días los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), incluyendo el COVID-19 como una causa de fuerza mayor, suspendiendo los pagos por cotizaciones sociales y permitiendo su trámite telemático, con carácter retroactivo desde la declaración de alarma de 14/3/2020.
Las pymes también reclaman la reorientación inmediata de las Líneas ICO hacia el apoyo a las pymes y autónomos afectadas por el COVID-19 y el consecuente aislamiento. Se trataría de una línea de crédito extraordinaria cuyo monto sería equivalente al importe medio de la facturación del segundo trimestre en los últimos dos ejercicios, según datos declarados ante la AEAT, sin garantías y con un desembolso por tramos semanales. De esta forma, los empresarios podrían hacer frente a sus compromisos ante trabajadores, proveedores, etc.
Por último, piden el mantenimiento de los pagos de las administraciones públicas a las pymes proveedoras y contratistas, a pesar del cese en los suministros y obras públicas, como medida de fomento de la liquidez y a condición de que las empresas mantengan su empleo.
En el ámbito privado, instan a los propietarios de locales para que negocien con los inquilinos rebajas en los alquileres de los meses de marzo, abril y mayo, para evitar cierre innecesario de empresas, es necesario una colaboración por parte de todos.
